Publicidad Oficial, juicio de amparo para su regulación

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Por: Edmundo Olivares Alcalá

La Red por la Rendición de Cuentas, Artículo 19, Fundar, el Instituto de Investigaciones Jurídicas y el Seminario Universitario, en el Foro “Control judicial para la regulación de publicidad oficial” se habló sobre el amparo contra omisión de legislar en materia de publicidad oficial.

En 2007, la Reforma Constitucional en materia electoral modificó el artículo 134 Constitucional, en el que agregó: “La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales los poderes públicos, los órganos autónomos las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá de tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social.

En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público”.

El artículo tercero transitorio de dicha reforma indicó que El Congreso de la Unión “deberá realizar las adecuaciones que correspondan en las leyes federales en un plazo máximo de treinta días naturales contados a partir del inicio de la vigencia de este decreto”.

La Dra. Lourdes Morales Canales destacó que desde el pacto por México [diciembre 2012] se establecía que “para transparentar y racionalizar los recursos, que el Estado invierte en publicidad en los medios de comunicación, se creará una instancia ciudadana y autónoma que supervise que la contratación de publicidad oficial, en todos los niveles de gobierno, en medios de comunicación se lleve a cabo mediante los principios de utilidad pública, transparencia, respeto a la libertad periodística y fomento de acceso ciudadano a la información, así como establecer un límite en el ejercicio de gasto y publicidad, de cada entidad pública en proporción a su presupuesto”.

Y a la fecha, la publicidad oficial o propaganda gubernamental sigue sin regulación. El gasto se ejerce en formas excesiva, discrecional, arbitraria y discriminatoria e incluso la publicidad oficial llega a condicionar las relaciones entre medios y gobiernos.

 

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