En la palabra de… / Fases de la licitación pública

Jorge Jardón*

La licitación pública, como todo procedimiento administrativo, requiere de una serie sistemática de actos que se desarrollan dentro de las distintas etapas o fases y que deben cumplirse para llegar a la decisión final. Las fases que integran el procedimiento licitatorio son:

  1. Autorización presupuestaria;
  2. Preparación de las bases o pliego de condiciones;
  3. Publicación de la convocatoria;
  4. Presentación de ofertas o propuestas;
  5. Apertura de ofertas;
  6. Adjudicación, y
  7. Perfeccionamiento o formalización del contrato.

Autorización presupuestaria

La celebración de contratos por parte de la Administración Pública representa compromisos que afectan al gasto público.  Por ello, para realizar tales compromisos, es menester que exista la partida presupuestal con fondos disponibles, a la cual se le aplicará el gasto correspondiente, previamente autorizado.

Existen algunos casos en los que es necesario contar con autorización previa a la contratación,  la cual es otorgada por los órganos de control presupuestal competentes.

Uno de ellos sería que el compromiso rebase las asignaciones presupuestales aprobadas para el ejercicio en que se celebren los compromisos respectivos, o en el caso de que tales compromisos se tengan que afrontar con créditos interno o externo.

Preparación de las bases o pliego de condiciones

Es característica de las licitaciones,  que cuenten con una descripción detallada de la contraprestación requerida por la administración, que va a constituir el objeto de la contratación. Esta descripción figura en un documento elaborado por el órgano administrativo correspondiente, denominado bases.

Este documento, se ha dicho, constituye un conjunto de cláusulas preparadas unilateralmente por la administración, destinadas tanto a la formalización del contrato a celebrar, como a su ejecución, ya que detalla en forma circunstanciada el objeto del contrato, su regulación jurídica y los derechos y obligaciones de las partes.

Por ello, las bases de la licitación incluye condiciones específicas de tipo jurídico, técnico y económico, que se resumen por un lado en cláusulas de tipo general, las cuales constituyen verdaderas disposiciones jurídicas reglamentarias ya que se para el procedimiento licitatorio en sí; y, por otro lado, cláusulas especiales que constituyen disposiciones específicas, de naturaleza contractual, relativas al contenido del contrato a celebrar.

Las bases de licitación producen efectos jurídicos propios, en cuanto que la Administración Pública no puede modificarlas después de haber efectuado el llamado a la licitación, sino dentro de ciertos límites. Pero no podrá hacerlo, bajo ninguna circunstancia, una vez iniciado el acto de apertura de ofertas.  Por otro lado, las bases obligan a los oferentes hasta el momento en que son descartadas o desechadas sus propuestas, y siguen obligando al adjudicatario, como el contrato mismo.

Naturaleza jurídica

En cuanto a la naturaleza jurídica de tales bases, no existe en la doctrina consenso, pues para algunos tratadistas constituye un acto administrativo sujeto para su validez a todas las condiciones de tales actos, como son: competencia, objeto, causa, fin y forma.  Sin embargo, para otros, tal apreciación es errónea, ya que consideran que si las bases expresan el contenido del contrato, ellas deben participar de tal naturaleza.

De las consideraciones anteriores podemos concluir que las bases tienen una naturaleza jurídica mixta: contractual y reglamentaria, contractual serán aquellas cláusulas que establezcan los derechos y obligaciones de la convocante, de los oferentes y de adjudicatario.

Tipos

Con relación a los tipos de bases de licitación, éstas pueden ser: generales y especiales.

Las primeras son las que se elaboran para aplicarse a todos los contratos de la administración, o por lo menos a una categoría determinada de los mismos, por lo que su preparación y aprobación no se realiza para cada licitación sino que ya se encuentran efectuadas previamente.

En tanto que las segundas, es decir  las bases especiales,  se elaboran y aprueban para cada una de las licitaciones y contratos que celebra la administración pública. Ellas constituyen complementos, para cada caso concreto, de las bases generales.

Por último, con base en el principio de legalidad que rige el ejercicio de las funciones públicas, y conforme al cual las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les autoriza, la elaboración de las bases debe efectuarse por las autoridades administrativas que, de acuerdo con el ordenamiento jurídico vigente, tengan competencia para hacerlo, ya que de no hacerse así, el contrato sería nulo de pleno derecho, por vicios en la elaboración o aprobación de las bases.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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