Líderes Políticos

Por: Jesús Belmont Vázquez

El revés

*AMLO se fijó su salario

*De ahí, todos para abajo

Congreso de la Unión.- El revés que la Suprema Corte de Justicia de la Nación le dio a la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, echó por tierra, al menos por el momento, la promesa de campaña del presidente López Obrador de que nadie podrá ganar más que el titular del Ejecutivo Federal.

Desde un principio, la mencionada ley generó un gran nerviosismo en todos los órdenes de gobierno, pues se llegó a rumorar que automáticamente provocaría una reducción de los salarios de todos los funcionarios públicos, lo cual despertó una gran preocupación en la burocracia.

Independientemente de lo que finalmente se resuelva en la Corte y de los cabildeos que se hagan en el Congreso, resulta necesario comprender los alcances de la citada ley para evitar especulaciones, así como comprender qué medidas provienen directamente de la misma, y cuáles son meras estrategias para espantar con el petate de muerto a los funcionarios públicos.

Por principios de cuenta, la ley no es tan innovadora como parece, puesto que los artículos 75 y 127 que regula, desde agosto de 2009 son uniformes en establecer que ningún servidor público puede ganar un salario superior al asignado al Presidente de la República.

Incluso, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria señala en su artículo 65 que ningún servidor público

podrá recibir remuneración superior a la del titular del Ejecutivo Federal.

Sin embargo, a pesar de todas estas reglas, innumerables funcionarios públicos obtienen una remuneración superior a la del Presidente de la República y ni qué decir en el Poder Judicial.

Por ello la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos tuvo que tornarse en una realidad, para efecto de dar certeza al ejercicio del gasto público.

El propósito de la ley no es reducir las remuneraciones de los servidores públicos, sino ajustar sus salarios dentro de los parámetros que desde el año 2009 debieron ser.

En términos, digamos técnicos, la ley no ordena que los salarios de los funcionarios públicos sean reducidos, sino que reglamenta las remuneraciones de éstos para que se encuentre dentro del marco constitucional.

Desde la visión del juicio de amparo, se trata de una norma que requiere de un acto o actos posteriores para que surja una afectación; para el caso, será hasta el siguiente año con el nuevo presupuesto de egresos que apruebe la Cámara de Diputados, suponiendo que efectivamente la remuneración mensual presidencial sea de 108 mil pesos.

Incluso, hasta este momento en que el presupuesto de egresos del 2019 ni siquiera ha sido discutido en el pleno de la Cámara de Diputados, no hay certeza de a qué monto ascenderá la remuneración mensual del Ejecutivo Federal, dado que ha afirmado que contará con un salario neto mensual de 108 mil pesos, lo cual, por sí mismo no es la remuneración neta, ya que el salario es uno de los diversos conceptos de integran la remuneración.

Lo único real y que es la esencia de la ley, es que las remuneraciones no deberán ser superiores a la del Presidente de la República.

Por lo tanto resulta equivocado afirmar que la referida ley tenga por efecto reducir los salarios de los funcionarios públicos que tienen un ingreso menor al del aparente tope salarial presidencial.

En la propia Constitución se establecen los principios que regulan las remuneraciones, como lo es que deberá ser adecuada, irrenunciable y proporcional a sus responsabilidades; y en la ley se establecen parámetros para fijar las remuneraciones, como lo es la anualidad, el reconocimiento del desempeño, equidad, fiscalización, igualdad, legalidad y transparencia.

En consecuencia, el Presidente de la República está condicionado por la Constitución a NO fijarse un salario inferior a aquel que garantice a los funcionarios públicos un ingreso adecuado, proporcional y razonable, determinado por las condiciones económicas del país.

La decisión del presidente López Obrador de fijarse un salario de 108 mil pesos mensuales es una determinación propia y subjetiva y que él optó por adjudicarse.

Lo cuestionable, en su momento, no es la Ley de Remuneraciones –no al menos al límite salarial establecido-, sino el salario que se ha fijado para sí mismo el Presidente de la República.

Jesus.belmontt@gmail.com

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