No todo lo que brilla es oro

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Por: Martín Omar Aguilar

Tal parece que la Procuraduría General de la República (PGR) investiga una red de corrupción en las adunas de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, habrá un cisma previo a la instauración de la zona franca de comercio México-Estados Unidos, anunciada por Andrés Manuel López Obrador.

Por estos puertos terrestres han ingresado al menos 80 mil vehículos importados en forma ilegal, maquinaria, armas, dólares, cigarrillos, licor, ropa, zapatos, bisutería y todo tipo de mercancía de contrabando y es que la carpeta de investigación SZC/0011495 del 3 de agosto de 2018, implica a funcionarios del SAT, agentes de Adunas y empresas importadoras, mismos que tendrán que responder.

La mercadería ha ingresado con facturas falsas y subvaluada, a cambio de dadivas y millones de dólares, siendo que están imputados jefes de aduanas como Enrique Manjarrez Uriarte (Mexicali) y Alejandro Miramontes Armenta (Ciudad Juárez), agentes aduanas como Roberto Ruiz Armas e importadores-exportadores de la talla de Arturo Pérez Behr.

Estos sujetos cabildean con Rosario Villegas Miranda y Margarita Ríos Fajat quienes pretenden integrarse al nuevo gobierno, ya que son importadores de vehículos y la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana (Caaarem), han documentado todas las anomalías y entregarán expedientes completos al equipo de transición y al futuro titular de Hacienda, Carlos Urzúa.

Por la Aduana de Mexicali ingresan, en promedio, cada 24 horas, cien autos con facturas falsas y a cambio de 200 y300 por unidad. Todos reciben engomado del SAT, por lo que deberá comparecer el subadministrador de la Aduana de Ciudad Juárez.

Raymundo Humberto Jiménez Lázaro, Alfredo Fisher Melgar, titular de la Administración Central de Investigación y Análisis de Comercio Exterior; Gabriel García Coppel, administrador regional de Auditoría de Comercio Exterior del Pacífico Norte, con sede en Tijuana y Luis Eduardo Lar Gutiérrez, titular de la Auditoría General de Comercio Exterior.

Se investigará a una serie de gestores como Jorge Eduardo Barajas y múltiples propiedades, empresas e inversiones en hechas por funcionarios públicos mexicanos en Calexico, San Diego, Chula Vista, en California, así como en otras en Phoenix, Arizona, Nuevo México y Texas.

Están en la mira empresas como Barcelona Transport Inc, Platinum y Grupo Integral de BC Aduaneros. Esta última empresa está registrada en el año 2016 y se dedica supuestamente a la importación de maquinaria y equipo agropecuario, forestal y de pesca.

En la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California se encuentra radicado el expediente 1209/2017, un juicio especial hipotecario iniciado por Banorte en contra de los accionistas de la empresa Comercializadora de

Maquinaria, cuyos accionistas son Alejandro Miramontes Armenta, su esposa Julieta Aceves Murillo, sus hijos Alejandro y Ada Julieta Miramontes Aceves, así como de un familiar de su esposa, de nombre Apolonio Aceves Magdaleno.

También están implicados en esta investigación Ruth Noemí Soto Sáenz y Roberto Quintana Anaya, quien al parecer funge además como Gerente de Planta de la empresa Ky Ung in America Inc., con sede en Tijuana.

Las investigaciones generaron la caída de Marcoflavio Rigada Soto, quien se desempeñaba como Administrador Central de Apoyo Jurídico de Aduanas.

De igual se indagará a Cox Automotive, Auto Buyline Sistems Inc, Arco Auto Group, Carcamia, A to Z Liquidators Inc, Odgers Holdings Inc, DBA Toy Garage Car Sales, Carmelitas Transport Inc, Otay Trucks, Madero Auto Sales y Delta Pacific Financial Services.

Y en lo que respecta Petróleos Mexicanos (Pemex) continúa sin pagar el adeudo por 35 millones de dólares que tiene con la empresa Consorcio Grup Servicci Petroliere (GSP) por el arrendamiento de una plataforma de perforación marina en aguas del Golfo de México.

El contrato fue firmado con Pemex Perforación y Servicios el 11 de enero de 2013, pero pese a ser por mil 66 días, fue concluido anticipadamente el 30 de abril de 2015 por parte de la petrolera sin explicación alguna.

La plataforma GSP Atlas fue prácticamente abandonada en la localización Balam-TA desde el 1 de mayo de 2015 hasta el 16 de abril de 2016, porque Pemex no proporcionó los barcos remolcadores, no cerró el pozo ni desfogó líneas de boyado, por lo que la empresa contratada solicitó el pago de ese tiempo.

Con base en el contrato 421002873 –del que se posee copia- se hizo el reclamo.

Pemex reconoció el adeudo por 16 millones doce mil quinientos dólares, lo que representó el 50 por ciento del total y se comprometió a liquidarlo, pero no lo ha hecho.

El reclamo ahora es por el total, con actualizaciones: 36 millones de dólares.

GSP (GRUP SERVICCI PETROLIERE), la empresa líder en Europa con más de 106 años dedicada al negocio de la extracción de hidrocarburos, continúa su batalla legal por el pago del adeudo que tiene Pemex sin que, a la fecha, la actual administración haya cubierto su adeudo, no obstante tener dos acuerdos de pago previos, puesto que la deuda data de 2016 y a la fecha continúa sin que pueda apreciarse algún interés por pagar.

La actitud deshonesta de Pemex por aplazar indefinida e injustificadamente con artimañas legaloides el pago de sus obligaciones sólo ha causado deterioro, daños y afectación al equipo y plataformas de GSP.

Esta empresa que invirtió sus recursos en México ha sufrido, además, el robo de cables, material y equipo con un valor de 1.7 millones de dólares –unos 34 millones de pesos-, más equipo TPO Drive por un valor de 20 mil dólares, unos 400 mil pesos. Inclusive, ha sufrido el acoso y maltrato de sus empleados, además de ver que su equipo sea usado por otros proveedores de Pemex en Campeche y Tabasco.

La falta de seriedad de Pemex, por su falta de pago, ha traído como consecuencia al menos 20 familias mexicanas, que han visto afectados sus ingresos.

Se ha continuado con el mantenimiento operativo de las plataformas por más de dos años para evitar su deterioro y hoy en día Pemex continúa un juicio contra GSP para eludir el pago, por 35 millones de dólares, más intereses; es decir, 41 millones de dólares aproximadamente.

¿Tendrá conocimiento la próxima administración de Petróleos Mexicanos de estas irregularidades, que sólo desalientan la inversión en México, contra las buenas intenciones del presidente electo Andrés Manuel López Obrador?

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